Libertad de Expresión Guatemala

Periodismo en riesgo, sociedad en riesgo

La APG denunció ataques a la prensa. 

"el libre acceso a la información y la no censura a los medios permiten que estos actúen como vigilantes de la democracia y brinden a los ciudadanos la posibilidad de ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos." 

La libertad de expresión es la libre emisión del pensamiento sin censura, restricción o licencia previa. Además, es un derecho universal de todo ser humano.En ese aspecto cabe resaltar que la libertad de expresión cumple un papel fundamental en cualquier sociedad.  Pues en toda sociedad existen temas de interés y perfiles de comunicadores que recogen información y la procesan para aquellos que no pueden acceder a ciertos datos.

Y es que, historiadores y sociólogos concluyen que la información o las noticias satisfacen un instinto básico del ser humano.Pues las personas tienen una necesidad intrínseca, un instinto de saber QUÉ es aquello que le es ajeno a su experiencia directa. Conocer lo que no podemos ver con nuestros propios ojos nos proporciona seguridad, poder y confianza.

Y aquí radica la importancia del oficio periodístico pues el comunicador informa, educa e instruye a poblaciones enteras sobre lo que sucede en el área y de esta manera contribuye a que todos los ciudadanos tengan una base de datos en común para accionar de manera  más responsable y acorde al contexto.

A pesar de que la libertad de expresión es un derecho universal, este derecho se vulnera en muchas partes del mundo y Guatemala no es la excepción. 

Según el último informe de la Asociación de Periodistas de Guatemala APG y el Observatorio de Periodistas, a nivel nacional, hasta el 19 de abril del año en curso se reportaron 28 ataques a periodistas en 13 departamentos del país, estos vinculados en forma directa o indirecta a su  oficio periodístico. 

Asimismo, denunció el asesinato de dos comunicadores en los departamentos de Baja Verapaz y Chiquimula.Es preciso señalar que la situación de vulnerabilidad de los comunicadores y medios de comunicación es algo que ocurre en cualquier época de año y no es exclusiva de determinadas administraciones gubernamentales, aunque los ataques a la prensa sí aumentan durante determinados de gobiernos y también dependen del contexto.

La Asociación de Periodistas de Guatemala señaló que "con el cambio de año y cambio de gobierno, quedó atrás uno de los gobiernos más nefastos, intolerante hacia el papel crítico de la prensa y violador de los derechos humanos, en la historia reciente del país.”

Algunos ataques hacia comunicadores e industrias de medios vienen, en algunos casos por parte de autoridades que ostentan una cuota de poder en la administración pública o están vinculados al crimen organizado.

En el caso de funcionarios, estos por tener una dependencia del Estado esas figuras, según la APG “están expuestas a un mayor escrutinio y a la crítica pública, aún en periodos especiales.” (como la situación de emergencia de COVID19)

En consecuencia, en situaciones de emergencia como la actual, es impresindible garantizar el libre acceso a la información y compartir datos fiables y verificados por comunicadores responsables, pues esto ayuda a proteger a las personas; mientras que la desinformación o falta de datos para comunicar, pone vidas en peligro y vulnera derechos fundamentales de los ciudadanos.                    

El hecho de bloquear el libre acceso a información pública pone en peligro también, el derecho a informar y el de ser informado. Siguiendo la línea de riesgo que corren los periodistas al informar, es preciso repasar hechos que han vulnerado el trabajo del qué hacer periodístico en los primeros meses del 2020.

Debido a que a partir del 13 de marzo en el país, con la crisis del nuevo Coronavirus, el Gobierno ha manejado los datos sobre los contagios con mucho hermetismo y eso ha significado una restricción al libre acceso a información,  y sus importancia radica en que esos informes sobre contagios dan una ruta al ciudadano de qué lugares debe, si puede, evitar visitar y con ello reducir la vulnerabilidad y mitigar  riesgos. 

Los ciudadanos al tener información clara y precisa, implementaran las medidas adecuadas para su propio resguardo. Lo cual, debería,  ser conveniente para el gobierno también.

Volviendo al informe del Observatorio Nacional de Periodistas, en el mismo destacan la censura por parte del Organismo Ejecutivo y desde el Congreso, pues valiéndose de las medidas de restricción durante el Estado de Calamidad Pública, han restringido el acceso a la información y el acceso a las fuentes.

Un ejemplo claro, se dio en el Congreso de la República, el dos de abril, mientras se aprobaban préstamos millonarios, que no solo estaban enfocados a cubrir la emergencia de la COVID19, sino también incluía montos asignados para el Parlacen y otros grupos que nada tienen que ver con el manejo de la crisis sanitaria; en esa ocasión limitaron el acceso a la prensa con la excusa de garantizar las medidas sanitarias y lo único que pretendían era bloquear las entrevistas a los congresistas. Situaciones similares han ocurrido en los tres organismos del estado.

A la restricción del acceso a la información, se le suman hechos de violencia y amenazas hacia la integridad de los periodistas, estos hechos son más notorios hacia aquellos que ejercen el periodismo desde las comunidades rurales,  quienes en su compromiso por comunicar, abordan temas que son incomodos y que tocan intereses de ciertos grupos de poder. Mismos temas que afectan a vecinos en distintas comunidades. Y que por el mismo interés social, son temas que deben ser abordados.

Con respecto a lo anterior, el observatorio de periodistas reportó que entre enero y la tercera semana de abril, había conocido 16 casos en los que se involucraba a autoridades, empleados públicos y trabajadores de funcionarios, en casos de restricción a la información y censura hacia los comunicadores en sus localidades.

Cabe mencionar que la situación de los periodistas en América no es tan distinta a la que enfrentan los periodistas en Guatemala pues comunicadores en la región han sido amenazados y violentados por figuras con poder; entre las que destacan las de, Donanld Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Najib Bukele en El Salvador, Manuel López Obrador en México y Nicolás Maduro en Venezuela.

Por último, es necesario citar las recomendaciones que realiza la Comisión Interamericana de Derechos humanos en la cual señala que:

“el derecho a la información significa que los gobiernos deben hacer esfuerzos excepcionales para proteger el trabajo de los periodistas. Tomando en cuenta que el periodismo cumple una función crucial en un momento de emergencia como la de salud pública, en particular cuando se tiene por objeto informar al público sobre información crítica y monitorear también las acciones del gobierno”.

Finalmente, el libre acceso a la información y la no censura a los medios permiten que estos actúen como vigilantes de la democracia y brinden a los ciudadanos la posibilidad de ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos.